Durante treinta y cinco años, la referencia para invertir en la producción paraguaya fue la Ley 60/90. Desde el 8 de septiembre de 2025 ya no está vigente: la Ley 7548/2025, promulgada y publicada ese día, establece un nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera y deroga el Decreto-Ley 27/1990 y la Ley 60/90 (art. 34). Esta guía resume qué otorga la nueva ley y cómo lo obtiene un proyecto.

Quién puede solicitarlos

Los beneficiarios son las personas jurídicas y las empresas unipersonales, nacionales o extranjeras, legalmente constituidas y que cumplan los requisitos de la ley y de su reglamentación (art. 3). El proyecto puede ser una actividad nueva, una ampliación, una modernización o una complementación de una existente, y la inversión se mide por el costo de adquisición de los activos fijos.

Los beneficios

El artículo 4 enumera seis exoneraciones. Tres se aplican a todo proyecto aprobado; tres dependen del monto de la inversión.

  • Arancel aduanero a la importación de bienes de capital, salvo las tasas por servicios efectivamente prestados.
  • IVA sobre esas importaciones, en los términos de la Ley 6380/2019.
  • IVA en la primera enajenación de bienes de capital, solo entre beneficiarios del régimen.
  • Impuesto a los No Residentes (IRNR) sobre intereses, comisiones y recargos pagados al exterior por los préstamos que financian el proyecto, durante el plazo del préstamo: solo si la inversión es de al menos USD 13 millones.
  • Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) durante diez años desde la primera generación de dividendos: también desde USD 13 millones. Para los inversionistas no residentes se aplica solo si la inversión no procede de un territorio de baja o nula tributación, o si el impuesto sobre los dividendos no es reconocido como crédito fiscal en el país de origen del inversor.
  • Arancel e IVA sobre bienes de capital para grandes proyectos de turismo y entretenimiento desde USD 20 millones.

Para los umbrales de USD 13 millones no se pueden sumar montos de proyectos distintos: cada proyecto debe alcanzar la cifra por sí solo.

El procedimiento

La ley está reglamentada por el Decreto N° 5432 del 29 de enero de 2026. La solicitud es un expediente técnico del proyecto. La Declaración de Impacto Ambiental es requisito previo y obligatorio para los beneficios (art. 8). El Consejo de Inversiones, presidido por el Ministerio de Industria y Comercio, debe expedirse en un máximo de sesenta días corridos desde la presentación (art. 13); después, los ministros de Industria y Comercio y de Economía y Finanzas otorgan los beneficios por resolución biministerial.

  • Antigüedad de los bienes. No se admiten bienes importados o comprados a fabricantes nacionales más de seis meses antes de la solicitud (art. 9), y los bienes de capital no pueden tener más de cinco años, contados desde el año de fabricación (art. 28).
  • Plazos. El plazo para importar y comprar en el país puede extenderse una sola vez, por hasta un año (art. 11). La complementación se pide dentro de los doce meses de la resolución (art. 15).
  • Propiedad. Los bienes de capital deben quedar en manos del beneficiario por al menos cinco años desde el despacho (art. 16).
  • Controles. La ley prevé seguimiento, auditorías aleatorias y revocación parcial o total, con devolución de los tributos exonerados más intereses y multas.

Proyectos aprobados con la Ley 60/90

Los proyectos aprobados antes de la nueva ley siguen sujetos a las normas vigentes cuando se firmó su resolución biministerial (art. 35). Las renovaciones, complementaciones y transferencias de esos proyectos, en cambio, siguen los nuevos artículos 14 a 18.

Fuentes